LA ESTUPIDEZ Y EL SALVAJISMO EN EL PODER: ESCENAS DEL CAOS EN MYANMAR

Myanmar nos enseña: ser malo no es suficiente. No basta con ahogar en sangre cualquier protesta, no basta con llevar a millones de personas al hambre y la desesperación, no basta con explotar, torturar, esclavizar… y no basta con centrarse en el contrabando. Si algo no funciona, una dictadura no lo cambia. Normalmente lo empeora, como demuestran cada vez más ejemplos en la historia de la humanidad. Pero los líderes del Tatmadaw, el feroz ejército birmano, no saben estas cosas: pertenecen al mismo molde que la dictadura norcoreana. Perdían dinero (y no poder), y dieron un golpe de estado que fracasó por completo, ya que el pueblo siguió rebelándose, y se vio reducido a la inanición, por lo que, en las últimas semanas, ha habido movimientos clandestinos. Si la dictadura fracasa, habrá que tomar otras decisiones para salvar al Tatmadaw.

Ha pasado un año desde el 1 de febrero de 2021, cuando el Tatmadaw, la junta militar de Myanmar dirigida por el general Min Aung Hlaing, atacó Yangón, detuvo a Aung San Suu Kyi, al presidente Win Myint y a cientos de dirigentes de la LND, y los recluyó arbitrariamente en lugares desconocidos. Min Aung Hlaing se autoproclama Jefe de Gobierno, y el ex general Myint Swe, que había sido uno de los dos vicepresidentes desde 2016, es nombrado presidente interino. Una vez más, comienza una brutal temporada de derramamiento de sangre en este desafortunado país, en la que los civiles son los que más pagan.

La arremetida militar genera un enorme e inesperado torbellino de protestas en todo Myanmar. Las fuerzas de seguridad responden con una ferocidad asombrosa: palizas, torturas, violaciones, masacres: según Human Rights Watch, entre el 1 de febrero y el 1 de diciembre de 2021 murieron 1.300 civiles. Al menos 75 de ellos eran niños, y más de 8.700 funcionarios, activistas y periodistas[1] fueron detenidos y torturados, 654 de los cuales fueron condenados a penas de prisión severas y 45, entre ellos dos niños, fueron condenados a muerte[2]: estas cifras son aproximadas, dada la dificultad de obtener información fiable en un régimen de control total de la información.

Las razones del golpe se encuentran en el hecho de que Myanmar estaba experimentando un boom económico, reflejado, sin embargo, por la crisis económica del Tatmadaw (el ejército profesional birmano) y de las empresas vinculadas a él, situación que estaba llevando a los soldados a no poder cobrar. La idea era que, tomando el poder, esta situación podría resolverse. Ha ocurrido lo contrario: el caos en el país, el odio contra el régimen, las sanciones internacionales y la pandemia han devastado el país: el Fondo Monetario Internacional estima que la economía de Myanmar se contrajo un 17,9% en un solo año[3]; el Banco Mundial prevé un crecimiento del 1% en 2022, tras años de resultados positivos[4]; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que el empleo se contrajo en torno al 6% en el segundo trimestre de 2021, en comparación con el cuarto trimestre de 2020, con una pérdida de 1,2 millones de puestos de trabajo[5].

Los precios de los productos de primera necesidad se han disparado de forma insostenible para la población, y en septiembre de 2021 el valor del kyat cayó a 2.200 por dólar, el nivel más bajo de la historia (era de 1.330 el 1 de febrero)[6], mientras que la inflación media se elevó al 7,%, incluso al 9,8% para los productos no alimentarios[7]; esto ha provocado una contracción del comercio (-15%, o 2.500 millones de dólares) entre julio y diciembre de 2021, una caída de las exportaciones (-16%) y de las importaciones (-15%)[8]. El saldo del comercio exterior sigue siendo positivo (228 millones de dólares), pero es un 45% inferior al del año anterior al golpe[9]. Por si fuera poco, los monzones de julio y agosto inundaron las aldeas y los bienes de más de 6 millones de personas, un auténtico desastre[10]. Según un análisis de las Naciones Unidas[11], pronto 14,4 millones de personas, entre ellas 5 millones de niños, necesitarán ayuda humanitaria para sobrevivir[12]. Y a la vuelta de la esquina está el riesgo de que los inversores extranjeros, que hicieron posible el boom económico, abandonen ahora Myanmar.

MEHL y MEC, los holdings del Tatmadaw

Informe de Amnistía Internacional sobre la participación del MEHL en la represión militar[13]

El punto más débil del sistema económico birmano es el hecho de que sus mayores empresas pertenecen al ejército[14]. La Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) y la Myanmar Economic Corporation (MEC) controlan más de un centenar de empresas: banca, comercio, logística, construcción, productos farmacéuticos, seguros, minería, gas, turismo, agricultura, madera, producción de aceite de palma y azúcar, jabón, cemento, tabaco, alimentos y bebidas, y mucho más[15]. Incluso los negocios controlados por el contrabando, como el jade, dependen directa o indirectamente de la dirección centralizada de estos dos holdings militares[16].

Myanma Economic Holding Limited (MEHL) es la primera empresa privada creada en Myanmar desde el golpe militar de 1988, y tiene cuatro objetivos principales: «el bienestar del personal militar y sus dependientes, el bienestar de los veteranos de guerra, el bienestar del público en general y la contribución al desarrollo económico de Myanmar». A lo largo de los años, MEHL ha generado importantes beneficios para el Tatmadaw y su dirección, la mayoría de los cuales son administrados por el banco del grupo, el Myawaddy Bank[17]. La Corporación Económica de Myanmar (MEC) se creó en 1997 para «contribuir a la economía de Myanmar, satisfacer las necesidades del Tatmadaw, reducir los gastos de defensa y garantizar el bienestar del personal militar»: opera en los sectores de minería, manufactura y telecomunicaciones, y es propietario de Innwa Bank[18].

Según un informe de la ONU, la razón por la que MEHL y MEC controlan toda la economía es su monopolio de la industria minera[19]. Los dos grupos poseen las licencias de extracción de jade y rubí en los estados de Kachin y Shan, cruciales para las exportaciones de Birmania[20], y todas las concesiones de explotación de yacimientos petrolíferos, bosques y otros recursos minerales están controladas por los militares[21]. Estas empresas supervisan de forma independiente la regulación de sus respectivos sectores, recaudan y asignan los ingresos, conceden licencias a empresas privadas y gestionan empresas comerciales conjuntas sin ningún tipo de supervisión externa, y la legislación birmana les permite retener enormes beneficios al margen del presupuesto estatal y sin rendir cuentas a nadie[22]: el informe concluye que «estas estructuras económicas […] apoyan el poder y la influencia del Tatmadaw, que sigue obstruyendo la democracia y cometiendo crímenes atroces con impunidad»[23].

Justice for Myanmar[24], un grupo de activistas opuestos al régimen, ha publicado dos documentos que revelan cómo MEHL financia a los militares. El primero, «Informe sobre el estado de las acciones y los dividendos de las Oficinas de Dirección y las Unidades Militares bajo los respectivos Comandos Militares Regionales para el año fiscal 2010-2011», fue presentado por MEHL ante la Dirección de Inversiones y Administración Corporativa de Myanmar (DICA) en enero de 2020. En ella se indica que MEHL es propiedad de 381.636 accionistas individuales, todos ellos militares en activo o retirados, y de 1.803 accionistas «institucionales», formados por «comandos regionales, divisiones, batallones, tropas, asociaciones de veteranos de guerra»[25]. El segundo documento, «Lista de Registro de Accionistas Originales (50) Personas, Myanma Economic Holdings Limited, hasta (30-8-2019)», es un informe confidencial a los accionistas de MEHL que cubre el año fiscal 2010-2011 y que, además de proporcionar información sobre las identidades de los accionistas de MEHL, documenta las grandes cantidades de dividendos anuales recibidas por esos mismos accionistas entre 1990 y 2011[26].

Los documentos demuestran de forma inequívoca cómo se distribuyen sistemática e institucionalmente los enormes beneficios entre los regimientos, las unidades militares y la cúpula militar: según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el ejército birmano cuenta con una fuerza de 507.000 hombres, la fuerza aérea con 23.000 y la marina con 19.000[27], todos ellos responsables de crímenes de guerra ampliamente documentados por las Naciones Unidas[28]. Y si el MEHL y el MEC tienen estas graves responsabilidades, cualquiera que haga negocios con estos holdings puede ser considerado automáticamente cómplice de los crímenes, como insisten Amnistía Internacional y las ONG que luchan por la democracia en Myanmar[29].

Vuelo de los inversores

Activistas birmanos acusan a las empresas energéticas de financiar al Tatmadaw[30]

Inmediatamente después del golpe, se decidieron sanciones económicas contra el régimen en todas partes: Estados Unidos[31], Australia[32], Nueva Zelanda[33], Japón[34], Reino Unido[35], Corea del Sur[36], la Unión Europea[37], Canadá[38] y Suiza[39]. Muchas empresas privadas se han retirado del país: la lógica expresada por Amnistía Internacional de que «si haces negocios con el Tatmadaw eres cómplice o co-conspirador» es ahora reconocida por toda la comunidad internacional, y permanecer en Myanmar supone una clara pérdida de imagen, mientras que otras empresas se retiran debido a la crisis generada por el caos en el país.

El NUG, el gobierno en la sombra creado tras el golpe, insta a los ciudadanos a dejar de trabajar con empresas militares[40]. Se lanza la campaña «Stop Buying Junta Business»[41] y, a través de las redes sociales, se organizan varias acciones de boicot (como #NoBusinesswithGenocide[42], #hearthevoicesofMyanmar, #CivilDisobedienceMovement[43], #rejectmilitarycoup[44], #saveMyanmar y #whathappeninginmyanmar[45], #savemyanmarfrommilitarycoup[46]), pero el boicot es individual y generalizado, como lo demuestran los miles de funcionarios que dejan de ir a sus oficinas[47], las decenas de miles de estudiantes que dejan de utilizar servicios, bancos y empresas vinculadas a los militares[48], las campañas de todos los sindicatos[49]: Burma Campaign UK publica una lista de marcas y productos vinculados al ejército[50] e invita a la comunidad internacional a unirse al pueblo birmano y dejar de comprar a estos productores[51].

Los inversores extranjeros comienzan a reaccionar: una de las primeras retiradas es la anunciada en febrero por el gigante cervecero japonés Kirin, que tiene una asociación con MEHL (y una participación de control de 1.700 millones de dólares) en Myanmar Brewery, una empresa que fue acusada en 2018 por admitir haber hecho tres donaciones al ejército por un total de 30.000 dólares entre el 1 de septiembre y el 3 de octubre de 2017, en plena campaña de limpieza étnica contra la población rohingya en el estado de Rakhine[52]. Kirin no tiene éxito en sus esfuerzos por disolver la empresa conjunta con MEHL, ya que el gobierno se opone, lo que obliga a los japoneses a elegir la vía del arbitraje[53]. Sorprendentemente, en enero de este año, el Tribunal de Yangon rechazó una demanda de MEHL que pretendía el embargo de las acciones de Kirin en Myanmar Brewery, remitiendo la decisión al arbitraje[54].

El caso Kirin es la prueba de fuego que muestra al pueblo birmano lo eficaz que puede ser la protesta. Como resultado del boicot, Kirin sufrirá fuertes pérdidas: el beneficio operativo de la cervecera de Myanmar de enero a marzo de 2021 caerá un 49,6% en comparación con el mismo periodo de 2020: 2.500 millones de yenes (casi 23 millones de dólares); los ingresos también caerán un 46%, es decir, 5.000 millones de yenes (casi 46 millones de dólares) menos[55]. Si Kirin, desde el punto de vista de la espectacularidad, es el mayor éxito de la protesta, en realidad es el sector energético el que más sufre: según Human Rights Watch, los proyectos de gas natural en Myanmar generan más de mil millones de dólares de ingresos para la Junta cada año[56], y según la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas son la principal fuente de ingresos en divisas de Myanmar, el 4,8% del PIB, el 5,2% de los ingresos fiscales y el 35% de las exportaciones totales[57].

Los empleados de la fábrica de cerveza de Myanmar llaman al boicot de su cerveza[58]

Todas las industrias extractivas de Myanmar dependen de la MOGE (Myanmar Oil and Gas Enterprise), controlada al 100% por el Estado (es decir, las Fuerzas Armadas), que participa en cuatro proyectos de gas en alta mar[59]: Yadana (operado por TotalEnergies y Chevron), Shwe (operado por POSCO International), Zawtika (operado por PTTEP) y Yetagun (operado por Petronas, pero actualmente suspendido por razones técnicas[60]). El 80% del gas producido se exporta a Tailandia y China[61]. Hasta el día del golpe, Myanmar ingresaba 1.500 millones de dólares al año en concepto de impuestos[62].

La ONG EarthRights International[63] acusa a Total y Chevron de encubrir las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército birmano, y afirma que 4.800 millones de dólares de los ingresos del gas han sido desviados de los presupuestos del Estado y han acabado en cuentas personales en dos bancos de Singapur[64]. Las dos empresas, tras muchas evasivas, anunciaron su retirada de Myanmar[65]. El gigante energético australiano Woodside Petroleum, bajo la presión de los grupos de derechos humanos, anunció su intención de retirarse[66] de Myanmar en enero de 2022[67]. Woodside extrae gas del mar y está acusada de pagar millones de dólares a la junta[68].

La rescisión del contrato se refiere al bloque marítimo A-7, del que Woodside posee el 45% y Shell el 45%[69]. La empresa también dice que se retirará de otros tres campos en alta mar, renunciando a 209 millones de dólares al año[70]. Shell, socio de Woodside en Myanmar, renunció a sus licencias ya en 2020[71]. El 21 de enero de 2022, el grupo empresarial KBC Kanbawza también anunció la disolución de su filial Nilar Yoma Gems Co. Ltd, que explotó durante años una mina de jade en la región de Sagaing con MEHL[72]. KBC es una de las empresas acusadas por Naciones Unidas[73] de financiar la construcción de una barrera a lo largo de la frontera entre Myanmar y Bangladesh para impedir el regreso de la población rohingya desplazada[74].

El éxodo afecta a una miríada de empresas de todos los sectores: la alemana Metro[75], la británica British American Tobacco (BAT)[76], la noruega Telenor Group[77], las estadounidenses McKinsey & Company y Coca-Cola[78], y las francesas EDF[79] y Voltalia[80]. La sueca Hennes & Mauritz (H&M) y la italiana Benetton Group Srl dejaron de comprar a los productores locales, sumiendo a todo el sector textil en una crisis[81]. El grupo inmobiliario tailandés Amata suspende uno de sus principales proyectos de construcción en Yangon, y las dos fábricas de Suzuki Motor cierran[82]. Meta Platforms Inc (Grupo Facebook), prohíbe el acceso a sus plataformas a todas las actividades controladas por los militares de Myanmar[83], mientras que Alphabet Inc (YouTube) elimina de su plataforma cinco canales dirigidos por militares[84].

Rothmans Myanmar Holdings Singapore (RMHS), una empresa tabaquera con sede en Singapur que opera en Myanmar desde 1993, cierra en enero de 2021, poco antes del golpe de Estado, y demanda a MEHL porque obliga al accionista a hacer donaciones mensuales a un fondo para veteranos discapacitados que el Tatmadaw probablemente utiliza para otros fines[85]. Y la lista continúa, incluyendo obviamente a las empresas comerciales y a decenas de pequeñas y medianas empresas.

Los que no renuncian a los negocios con el Tatmadaw

Una de las instalaciones de extracción de gas natural de la empresa surcoreana POSCO en Myanmar[86]

Aunque varias empresas internacionales ya han huido de Myanmar o están en proceso de hacerlo, la surcoreana POSCO Coated & Colour Steel Co, empresa de productos siderúrgicos y quinta productora de acero del mundo[87], sigue invirtiendo sin descanso en el importante proyecto de gas natural en alta mar de Shwe y Shwe Phyu[88]. POSCO International posee una participación del 51% en el proyecto de gas natural de Shwe, y está invirtiendo 473 millones de dólares en la fase 2 del proyecto (perforación de un total de ocho pozos en los campos de gas de Shwe y Shwe Phyu) y 315 millones de dólares en la fase 3 (construcción e instalación de una plataforma de compresión de gas) [89]. POSCO también invierte en turismo y construye, en terrenos propiedad del Tatmadaw, un hotel de lujo de 15 plantas y 343 habitaciones, un hotel de apartamentos de 29 plantas y 315 habitaciones, además de otras instalaciones como un centro de conferencias, algunos restaurantes y una piscina[90], y paga un importante alquiler directamente al Ministerio de Defensa[91].

A pesar de que POSCO declaró a finales de mayo de 2021 que suspendería el reparto de beneficios con MOGE[92] y recompraría la participación del 30% de su filial birmana, propiedad de MEHL[93], hasta la fecha no ha sucedido nada. Por el contrario, según Myanmar Now, POSCO no sólo no tiene intención de revisar su estructura corporativa, sino que incluso planea aumentar su plantilla surcoreana mediante la incorporación de personal[94]. En noviembre de 2020, dos grupos de activistas surcoreanos, Korean Civil Society in Solidarity with the Rohingya (KCSSR) y Korean Transnational Corporations Watch (KTCW), junto con activistas de Justice For Myanmar, presentaron una denuncia ante las Naciones Unidas y el organismo de control de los derechos humanos de Corea contra POSCO y otras empresas (Pan-Pacific e Inno Group) que siguen teniendo asociaciones con MEHL[95].

Además, mientras la mayoría de los países han suspendido la venta de armas al régimen birmano, Italia sigue suministrando helicópteros, que se utilizan en la guerra civil contra los rebeldes hostiles al régimen[96], y colabora en el apoyo a los drones militares vendidos a la fuerza aérea birmana por el grupo israelí Star Sapphir[97]. Por supuesto, estas naciones no son una excepción en el tira y afloja entre Occidente, el Islam, China y Rusia en el nuevo siglo. Para ellos, el golpe de Estado en Myanmar y la decisión de muchos países de romper las relaciones industriales con la dictadura de Yangon es una gran oportunidad, y están tratando de explotarla al máximo.

China está cerca, Rusia también

El Presidente Xi Jinping se reúne con el Comandante en Jefe de la Defensa de Myanmar, Min Aung Hlaing[98]

Pekín es el principal socio comercial de Myanmar: en 2019, el comercio bilateral asciende a unos 12.000 millones de dólares de un comercio total de unos 36.000 millones de dólares, es decir, hasta un tercio de toda la importación/exportación de Birmania[99]. China suministra maquinaria, vehículos y equipos de telecomunicaciones, al tiempo que importa de Myanmar grandes cantidades de estaño, otros minerales y energía (el petróleo y el gas representan más del 32% de las exportaciones totales[100]). China también depende del arroz de Myanmar, cuyas importaciones han pasado de 100.000 a medio millón de toneladas en la última década[101]. A cambio, construye oleoductos y gasoductos, terminales petrolíferas, centrales hidroeléctricas, de carbón y de energías renovables[102], todo ello, como el desarrollo de un puerto marítimo en Kyaukphyu por 1.300 millones de dólares, como parte del proyecto Belt and Road[103].

La implicación de China en el sector minero es un auténtico filón para la Junta Militar: las minas chinas de Lapadaung, Sapetaung y Kyesintaung y Tagaung Taung han aportado 725 millones de dólares a las arcas del Tatmadaw hasta 2020/21[104]. Y luego están las armas[105]: 1.300 millones de dólares entre 2010 y 2019, o el 50% del armamento de Birmania en radares, buques de guerra, aviones de combate y de entrenamiento, drones armados, vehículos blindados, misiles y vehículos de transporte[106]. El golpe no cambió nada: el 20 de diciembre de 2021 un submarino de fabricación china UMS Minye Kyaw Htin Tipo 035[107] entró en el Estrecho de Malaca, se dirigió al Océano Índico y el 23 de diciembre entró en el río Yangon en Myanmar, entrando oficialmente en servicio para la Armada birmana[108]. Según China, esto también ayuda a la población, ya que contribuye a la estabilidad del sistema[109]. En realidad, las inversiones chinas forman parte del proyecto geopolítico de cercar a India, que, para Pekín, está creciendo demasiado rápido[110].

También Moscú, tras el golpe de Estado, ha intensificado las relaciones con Myanmar: la lista de intercambios bilaterales, incluyendo viajes, simposios, conferencias, reuniones formales e informales, públicas o confidenciales, todas ellas estrictamente sobre asuntos militares y con la participación de ministros y altos cargos de los respectivos ejércitos, es muy larga[111]. El 22 de junio de 2021 (cuatro días después de la resolución emitida por la Asamblea General de la ONU en la que se pedía a los 193 Estados miembros de la ONU que detuvieran el flujo de armas hacia Myanmar, que Rusia no ha firmado[112]), el comandante del Tatmadaw, Min Aung Hlaing, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, acordaron en Moscú las «perspectivas de desarrollo de la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito técnico-militar»[113].

Rusia es el segundo proveedor de armas de Myanmar, después de China, y también participa en la formación y el entrenamiento de sus militares[114]: aviones de combate Su-30, aviones de entrenamiento Yak-130, helicópteros Mi-24, Mi-35 y Mi-17, y misiles tierra-aire Pechora-2[115]. El 27 de octubre, el general Min Aung Hlaing se reúne con los dirigentes de la Asociación de Amistad y Cooperación entre Rusia y Myanmar para hablar de la inversión y la cooperación en la producción de combustible, gas natural, cemento, fertilizantes, acero, electricidad y transporte eléctrico público, turismo, salud, educación, cultura y gestión del tráfico aéreo entre ambos países[116].

Japón, por ejemplo, condena el golpe (tardíamente[117]), pero no suscribe las sanciones económicas y, por el contrario, intenta normalizar las relaciones con el nuevo régimen[118]. Japón lleva mucho tiempo involucrado en Myanmar: Desde 2012 hasta 2015, Tokio renuncia a la mayor parte de la deuda de la antigua Birmania (303.000 millones de yenes), concede un préstamo puente de 200.000 millones de yenes para que Myanmar pueda saldar sus atrasos con el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial, y supervisa la creación de la Bolsa de Yangon, y acuerda la creación de la Zona Económica Especial de Thilawa, de la que controla el 49% y que financia, con un préstamo subvencionado de 43.000 millones de yenes, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, las infraestructuras portuarias y la red de transporte[119] con Mitsubishi, Marubeni y Sumitomo[120]. Cerca del 70% de las 700 empresas japonesas que operan en Myanmar[121] mantienen o amplían sus actividades a pesar de la situación[122].

El mercado secreto del jade

Las canteras de jade de Hpakant producen una riqueza inestimable, gran parte de la cual acaba en las rutas de contrabando y en los bolsillos del Tatmadaw[123]

Pero esto no es suficiente para evitar el colapso económico, y el Tatmadaw debería haberlo calculado desde el principio. No lo hizo, porque tiene un as en la manga: las minas de jade. El estado de Kachin, en el norte de Myanmar, alberga las minas más ricas del mundo[124]:: un círculo vicioso de explotación, contrabando y corrupción que, según Global Witness, permite a China importar ilegalmente entre el 50% y el 80% del jade de Kachin[125]. Cuando, en 2016, el gobierno de Htin Kyaw, el primero que no estaba en manos de los militares, intentó una reforma, suspendiendo todas las licencias mineras, tuvo el efecto contrario, empujando al ejército y a las milicias rebeldes a extraer jade de forma más rápida y peligrosa que antes[126]. El MEHL, que antes poseía la gran mayoría de las licencias mineras y había dejado algunas a los grupos rebeldes[127], las tiene todas tras el golpe de Estado de 2021, pero el contrabando va en aumento: se calcula que el 90% de las piedras preciosas extraídas en Hpakant, por ejemplo, se venden en el mercado negro[128].

El Tatmadaw no lo vio venir: el Ejército del Estado de Wa (UWSA) se ha convertido en un comerciante clave en Hpakant, al igual que el Ejército de la Independencia de Kachin (KIA), y para el Ejército de Arakan (AA), el contrabando de jade es lo que le permite ascender: la mayor parte de los ingresos se destinan al suministro de armas[129]. Naturalmente, el Tatmadaw reacciona violentamente para intentar arrebatar el control de estas zonas a los rebeldes[130]. Global Witness califica la economía del jade como el «mayor robo de recursos naturales de la historia moderna»[131]. Las minas de jade han borrado los frondosos bosques, sustituyéndolos por sombríos paisajes de desierto y polvo, montañas enteras transformadas en enormes canteras donde cientos de mineros destrozan piedras[132]. Muchos mineros improvisados rebuscan entre los residuos con la esperanza de conseguir dinero fácil, en laderas escarpadas y peligrosas donde a menudo encuentran la muerte[133]. En Mogok, en la región de Mandalay, donde se calcula que tiene lugar el 90 por ciento de la extracción de piedras preciosas del país, las empresas de MEHL han dado paso a los residentes locales que extraen manualmente las piedras preciosas y son sistemáticamente expoliadas por el Tatmadaw[134].

Una vez extraído, el jade va a parar a Tailandia, centro mundial del procesamiento de piedras preciosas, donde un sistema gris y bien probado permite que el comercio ilícito se realice con total seguridad[135]. Las piedras se distribuyen después a multinacionales del sector como Graff, Van Cleef & Arpels y Pragnell, o a casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s, o a grandes minoristas como Walmart e Intercolor[136]. Obviamente, los compradores no tienen forma (o quizás interés) de rastrear su procedencia: de los más de 30 joyeros, casas de subastas y minoristas internacionales que Global Witness entrevistó, la mayoría dijo no tener ningún sistema de control para determinar el origen del jade que compraban[137].

Guerra civil con un ganador imprevisible

La guerra civil desencadenada por las Fuerzas de Defensa del Pueblo provoca violentas represalias del Tatmadaw contra los civiles[138]

La culpa es del gobierno anterior. Aung San Suu Kyi, antigua heroína de la libertad, persiguió el genocidio del pueblo rohingya y no hizo nada para disminuir la corrupción, continuando (y tuvo que hacerlo, en un gobierno de compromiso) apoyando al Tatmadaw. El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), formado por miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) que había ganado las elecciones de 2020, formó una especie de gobierno en la sombra[139] tachado de grupo terrorista por la nueva junta[140] y no consiguió encontrar una vía para un proyecto alternativo o para una solución de compromiso.

En mayo de 2021, el NUG creó un brazo armado llamado Fuerzas Populares de Defensa, que colaboró con varios grupos rebeldes, suministrando armas, combustible, alimentos y medicinas, con la esperanza de recuperar la confianza de quienes se habían sentido traicionados por la LND[141]. El 7 de septiembre, el NUG declaró una «guerra de resistencia» contra el régimen de Min Aung Hlaing, convenciendo a elementos del Tatmadaw para que desertaran (parece que en noviembre de 2021 ya habían desertado más de 2.000 elementos[142]) e intentando mejorar su organización logística[143]. La Alianza para un Myanmar Democrático afirma que el ejército de la resistencia está formado por unas 40.000 unidades, a las que hay que añadir las de la región de Sagaing, que podrían llegar a ser 20.000, además de una amplia red de milicias de numerosos grupos étnicos[144].

La idea de poder contrarrestar una enorme potencia militar como la del Tatmadaw, compuesta por al menos 350.000 unidades y entre las mejor equipadas de Asia, es realmente ambiciosa. Mahn Win Khaing Than, primer ministro del NUG, dice estar convencido de ganar la guerra en el plazo de un año, pero sus palabras son pura propaganda[145]. Es cierto que el Tatmadaw atraviesa una fase muy difícil, con falta de recursos, deserciones y pérdidas en las últimas batallas[146]. No hay duda de que se ha desencadenado un proceso revolucionario, aunque el Tatmadaw está sembrando el pánico, destruyendo casas y saqueando pueblos considerados hostiles[147]. Esto complica la posición de Aung San Suu Kyi, que está confinada en un lugar secreto de la capital y que, hasta la fecha, ha recogido numerosos cargos, algunos de ellos inventados, y que corre el riesgo de pasar el resto de sus días en prisión[148].

Aung San Suu Kyi, condenada el 6 de diciembre a cuatro años de prisión por incitación a la rebelión, fue declarada culpable el 10 de diciembre de importar y poseer ilegalmente walkie-talkies[149]. Sin embargo, seguía enfrentándose a una serie de juicios por al menos 16 delitos que supuestamente había cometido, entre ellos la violación de la Ley de Secretos Oficiales, la corrupción y el abuso de autoridad en relación con negocios inmobiliarios y la compra y uso de helicópteros del Fondo Nacional de Gestión de Desastres[150]. Todos ellos son cargos que, de confirmarse, podrían suponer una condena de 160 años de prisión[151]. Estados Unidos reaccionó poniendo en la lista negra al Fiscal General Thida Oo, al Presidente del Tribunal Supremo Tun Oo y al Presidente de la Comisión Anticorrupción Tin Oo[152].

El Tatmadaw parece tan frágil como siempre, pero la LND ha perdido profundamente su credibilidad. Puede que mucho dependa de sus socios internacionales (Rusia, Japón, China, Tailandia, Singapur), pero el año transcurrido desde el golpe de Estado ha demostrado que velan sobre todo por sus propios intereses. En esta situación de crisis convergentes, la búsqueda de un acuerdo entre el LND y el Tatmadaw está en el horizonte. Sea lo que sea, no resolverá nada. Y el régimen se ha dado cuenta ahora de que ha llevado al país al colapso. O bien habrá una solución externa, en forma de tanques chinos; o una guerra de guerrillas que durará décadas y que catapultará a los birmanos de nuevo a la Edad Media; o un compromiso que devolverá una falsa democracia y, sobre todo, el dinero que ahora ha tomado otros caminos. Se puede hacer un trato con un asesino, pero es mejor no hacer un trato con un incompetente.

[1] https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/01/World%20Report%202022%20web%20pdf_0.pdf

[2] https://aappb.org/?lang=en

[3] https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/28/myanmar-lost-1-6-million-jobs-in-2021-amid-covid-coup-ilo

[4] https://money.usnews.com/investing/news/articles/2022-01-28/myanmar-economy-to-remain-severely-tested-by-coup-fallout-world-bank

[5] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_814686/lang–en/index.htm

[6] https://www.rfa.org/english/news/myanmar/kyat-09172021184904.html

[7] https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c3299fac4f879379513b05eaf0e2b084-0070012022/original/World-Bank-Myanmar-Economic-Monitor-Jan-22.pdf “Myanmar Economic Monitor Jan 2022” – World Bank Group.

[8] https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c3299fac4f879379513b05eaf0e2b084-0070012022/original/World-Bank-Myanmar-Economic-Monitor-Jan-22.pdf “Myanmar Economic Monitor Jan 2022” – World Bank Group.

[9] https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c3299fac4f879379513b05eaf0e2b084-0070012022/original/World-Bank-Myanmar-Economic-Monitor-Jan-22.pdf “Myanmar Economic Monitor Jan 2022” – World Bank Group.

[10] https://reliefweb.int/disaster/fl-2021-000095-mmr

[11] https://www.unocha.org/

[12] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mmr_humanitarian_needs_overview_2022.pdf