Hace poco más de 30 años, el 30 de junio de 1991, el parlamento sudafricano derogó las inhumanas leyes del Apartheid: hasta ese día, a los negros se les negaba el derecho al voto y a la participación política, la educación, el acceso a los trabajos más lucrativos y la propiedad, lo que les obligaba a vivir en inmensos barrios marginales, caldo de cultivo de la desesperación y la delincuencia. El camino había sido muy lento: primero la nueva Constitución de 1983, luego la abolición de las leyes raciales en 1991, y finalmente, el 10 de mayo de 1994, la elección a la presidencia de Nelson Mandela, símbolo de la resistencia negra, recién liberado tras 25 años de prisión de máxima seguridad[1].
Pero el país traicionó los sueños y las promesas del pueblo. Aunque hoy en día podemos ver el uso de una mayoría negra integrada en casi todas partes, en realidad las instituciones se esfuerzan por deshacerse del concepto de raza, todavía omnipresente, alimentado por el clima de grave declive económico que sume a los más pobres en la desesperación. La economía nunca ha despegado realmente: en la década que siguió al fin del apartheid, el PIB creció una media de poco más del 3% anual, antes de hundirse tras la crisis financiera mundial de 2008[2].
Los años siguientes son catastróficos, sobre todo por el aumento de la desigualdad social. Tras el 7 de julio de 2021 y la detención del ex presidente Jacob Zuma por desacato al tribunal[3] (los cargos de corrupción, fraude, chantaje, evasión fiscal y blanqueo de dinero relacionados con un multimillonario negocio de armas se cernían sobre él[4]), se desató una espiral de violencia y saqueos, especialmente en las zonas de KwaZulu-Natal (Durban) y Gauteng (Johannesburgo), que obligó al gobierno a desplegar más de 20.000 soldados para sofocar los disturbios. Al final, más de 300 personas murieron[5], más de 1.200 fueron detenidas, más de 40.000 negocios fueron saqueados[6], clínicas, mezquitas, escuelas y farmacias quedaron paralizadas[7]: el país se sumió en el caos[8].
Esto no es más que la gota que colma el vaso: la ira popular lleva tiempo humeando debido a una larga serie de fracasos del CNA (Congreso Nacional Africano) liderado primero por Zuma, gracias al cual sólo crece la corrupción, y luego por el actual gobierno de Cyril Ramaphosa, que ha sido capaz de invertir la tendencia: 16,3 millones de personas viven en la pobreza absoluta con menos de 1,9 dólares al día[9], y el desempleo se acerca al 35% de la población potencialmente activa (casi 8 millones sin trabajo[10]).
La sospecha de que los disturbios están siendo dirigidos no es ni mucho menos infundada. Todo es político, es decir, el enfrentamiento entre la mayoría del CNA, por un lado los amigos de Zuma y por otro sus partidarios en un pequeño partido de la oposición, el RET (Transformación Económica Radical)[11], dirigido por Carl Niehaus y Ngrayi Ngwenya, dos poderosos hombres suspendidos por el CNA por sus posiciones radicales[12]. El frente pro-Zuma ha aprovechado la detención de su líder para lanzar una furiosa campaña de desinformación[13], fomentando, guiando y financiando las revueltas: entre sus filas se encuentran antiguos miembros de la comunidad de inteligencia[14], de la Agencia de Seguridad del Estado[15] y varios funcionarios del gobierno[16], todos ellos dedicados a organizar las revueltas mediante un uso sin escrúpulos de las redes sociales[17].
El amargo precio de la pandemia
Disturbios y saqueos provocados por la detención del ex presidente Jacob Zuma[18]
La mala gestión de la pandemia echa más leña al fuego: el 5 de marzo de 2020 se notificó el primer caso de infección[19], y el 30 de abril ya había 5.300 ingresos en el hospital y al menos 100 muertes[20], hasta el punto de que el gobierno declaró el estado de catástrofe nacional, activando la Ley de Gestión de Catástrofes (DMA), una ley que permite al ejecutivo promulgar normas sin la aprobación del parlamento[21]. Por tanto, todas las medidas adoptadas para contener la pandemia se promulgarán por decreto y sin debate político[22].
La pandemia fue un tsunami que se estrelló contra unas estructuras sanitarias ya inadecuadas: la primera oleada alcanzó su punto álgido el 19 de julio, con 13.499 casos registrados en un solo día[23], y el gobierno intervino con medidas draconianas, confinando a los ciudadanos en sus casas, lo que inevitablemente condujo a una parálisis total de la producción y el comercio, con el consiguiente empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, contra las que una política de desgravación fiscal resultó insuficiente[24]. Las medidas aumentan el déficit presupuestario para el periodo 2020-2021 del 6,8% del producto interior bruto (PIB) al 14,6%[25].
Entre las medidas adoptadas por el CNA para frenar la propagación del virus, la que tiene efectos más perjudiciales es la prohibición de la venta de tabaco y alcohol[26], introducida en marzo, revocada el 1 de junio siguiente y reintroducida sin previo aviso el 12 de julio[27] en medio de las protestas de los partidos de la oposición, en primer lugar DA (Alianza Democrática)[28], pero con el apoyo del partido de izquierda radical EFF (Economic Freedom Fighters) y del partido de la monarquía zulú, el Inkatha Freedom Party (IFP), todos los cuales coinciden en que el alcoholismo y el tabaquismo son un problema que hay que atajar de inmediato para reducir el número de enfermos[29].
Según las cifras de la OMS, Sudáfrica es uno de los países con mayor consumo de alcohol del mundo, ya que el 31% de la población mayor de 15 años consume 28,9 litros de alcohol puro -per cápita- al año[30]. Según una investigación publicada por BMC Medicine, alrededor de 62.300 adultos (2015) mueren cada año por causas atribuibles al alcohol[31]. Según el gobierno, la prohibición tendrá dos efectos positivos: frenar las oportunidades de socialización y, por tanto, la propagación del virus, y aliviar a los centros sanitarios de los enfermos y heridos a causa de la embriaguez: un elevado número de ingresos está relacionado con episodios de violencia cometidos en estado de embriaguez, accidentes de tráfico (según la OMS, el 58% de las muertes en carretera en Sudáfrica se deben al alcohol[32]) o enfermedades relacionadas con el alcohol.
Según una investigación publicada en la revista SA Medical Journal (SAMJ)[33], las medidas de prohibición están logrando resultados tangibles: el número de muertes en accidentes de tráfico, suicidios y homicidios desciende un 50% durante el bloqueo de marzo a mayo de 2020. El profesor Charles Parry, coautor de la investigación, afirma que la reducción se ha traducido en entre un 60% y un 70% menos de ingresos hospitalarios por lesiones y enfermedades relacionadas con el alcohol[34]. Esto libera enormes recursos sanitarios para dedicarlos a la emergencia pandémica.
6 de enero de 2021: Trabajadores funerarios llevan el ataúd de una víctima de Covid-19 al cementerio de Olifantsvlei, al suroeste de Johannesburgo[35]
Los productores y minoristas de alcohol no están de acuerdo con el análisis. Según sus datos, la reducción de la delincuencia no puede atribuirse a la prohibición: un estudio realizado por el analista independiente Ian McGorian, de Silver Fox Consulting, y el profesor Mike Murray, de la Escuela de Matemáticas, Estadística e Informática de la Universidad de KwaZulu-Natal, revela que se observaron cifras muy similares en los países que no aplicaron un cierre a la circulación de alcohol durante la prohibición[36].
En cualquier caso, el encierro y las medidas conexas parecen ser eficaces y el número de personas afectadas por la pandemia disminuye, de modo que, una a una, se levantan estas medidas excepcionales[37]. Las prohibiciones de venta de alcohol y tabaco se relajan en agosto, permitiendo la compra en días y horas concretas del día[38], lo que deja la gestión de las medidas preventivas en manos de ciudadanos con muy poca conciencia sanitaria. Justo a tiempo llega una segunda ola pandémica, más grave que la anterior. El 8 de enero de 2021 es el día del pico más alto: 21.980 nuevos casos, mientras que el número total de muertes ya ha ascendido a 32.425[39].
El presidente Cyril Ramaphosa anunció la aplicación de un bloqueo «modificado» hasta el 15 de enero de 2021[40]. La nueva medida contiene una serie de medidas ya adoptadas anteriormente: prohibición total de la venta y el consumo de alcohol en bares y restaurantes; también se prohíbe de nuevo la distribución y el transporte[41]. Las infecciones disminuyeron y el gobierno relajó las restricciones. Finalmente, el 17 de febrero comenzó la campaña de vacunación con la administración de las primeras 80.000 dosis de la vacuna Johnson & Johnson, en previsión de los 9 millones de dosis que el presidente Ramaphosa promete para el futuro inmediato[42].
Pero se actuó demasiado tarde[43], el invierno se acercaba, la falta de atención del público y las medidas inadecuadas volvieron a marcar el ritmo de una nueva propagación masiva del virus[44], y esta vez la nueva «variante delta» mostró un nivel de transmisibilidad considerablemente mayor[45]. La tercera oleada está en camino, y es aún más devastadora que sus predecesoras: el 3 de julio, hubo un pico de 23.485 casos por día, y el 13 de julio, 633 personas murieron[46]. La situación está fuera de control. Las estructuras sanitarias se han derrumbado[47], las sirenas de las ambulancias son ahora un telón de fondo constante en la vida cotidiana de los ciudadanos[48], al igual que los levantamientos que son reprimidos sangrientamente por la policía[49].
El gobierno aplica más restricciones: prohíbe las reuniones, cierra las escuelas, decreta el toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana, y reintroduce la prohibición del alcohol y del tabaco[50]. La campaña de vacunación fue lenta: en julio sólo se habían administrado 2,7 millones de dosis de una población total de 60 millones[51]. Habrá que esperar hasta finales de septiembre para declarar el fin de la tercera ola: los datos disponibles (4 de noviembre de 2021) hablan de un total de 89.295 muertes y casi 3 millones de casos de contagio[52]. Y ahora, a la espera de una posible cuarta oleada, el gobierno está decidido a no dejarse encontrar desprevenido y a decidir a tiempo medidas draconianas[53].
Los vicios ocultos del prohibicionismo
Enfrentándose a los clientes que compraban alcohol ilegalmente en Ciudad del Cabo durante la prohibición[54]
La lógica expuesta por el gobierno es intachable: el tabaquismo debilita el sistema respiratorio, y en las zonas más pobres la gente comparte los cigarrillos, lo que aumenta el riesgo de propagación del virus[55]. La prohibición del consumo de alcohol reduce significativamente el uso de los centros sanitarios por los efectos de la embriaguez[56]. El Ministro de Sanidad, Zweli Mkhize, sigue defendiendo los efectos de las medidas[57]. Según una investigación realizada por la Escuela de Economía de la Universidad de Ciudad del Cabo[58], al menos el 93% de los fumadores habituales siguieron fumando incluso después de la prohibición, comprando tabaco ilegalmente a un precio que aumentó hasta un 250%[59]. Una gran victoria para el mercado criminal.
Las cosas no son diferentes para el alcohol. Tras la primera prohibición, las ventas de alcohol se dispararon: la medida desencadenó una carrera de suministros, y durante el bloqueo nunca hubo escasez[60], gracias a un próspero mercado ilegal ya presente en la zona[61]. De hecho, el consumo no ha cambiado, pero el mercado ha caído en manos de las bandas de contrabandistas, la calidad del producto ha disminuido y los riesgos para la salud de los consumidores han aumentado[62].
La mayor parte de la distribución pasa por los mismos canales: el humo y el alcohol se entregan a domicilio a los ricos y se venden en spazas (pequeños emporios, chabolas al borde de la carretera) a los pobres[63]. Entre el 27 de marzo de 2020 y el 27 de enero de 2021, la Autoridad de Licores de Cabo Occidental, el organismo que supervisa y regula el mercado del alcohol, pilló in fraganti a 354 titulares de licencias de licor entre el 27 de marzo de 2020 y el 27 de enero de 2021, cuando contravenían la normativa de la Ley Nacional de Gestión de Desastres y se enfrentaban a condenas penales y fuertes multas[64].
La spaza, herencia del apartheid
Las tiendas Spaza de Sudáfrica son un elemento omnipresente en el paisaje urbano[65]
Los spaza (que significa «escondido» en lengua zulú), son pequeñas tiendas informales, más de 100.000 en toda Sudáfrica[66], chozas construidas en las casas de los townships o construidas en las carreteras de acceso a los pueblos, y se originaron durante los años del apartheid, cuando a los negros no se les permitía tener negocios[67]. Ahora legalizados, son emporios que venden productos de primera necesidad para satisfacer las necesidades diarias de los habitantes. Dirigidos por gente pobre, cayeron en la trampa del mercado ilegal durante el bloqueo, siendo a menudo chantajeados, y se convirtieron en centros de tráfico de drogas[68].
Los spaza ofrecen la ventaja de ser puntos de venta cómodos en zonas donde no llega la gran distribución comercial y los ciudadanos no tienen medios de transporte, no están sujetos a horarios y utilizan el crédito para sus clientes, que forman parte de un círculo de amigos y familiares[69]. Los precios suelen ser entre un 30 y un 50% más altos que los de la gran distribución, porque los suministros se hacen en pequeñas cantidades, los comerciantes no pueden aprovechar los precios reservados a los supermercados y tienen que pagar dinero de protección a los delincuentes locales que los protegen y a menudo los abastecen[70].
Los propietarios no tienen formación comercial, no llevan la contabilidad, se equivocan con frecuencia al calcular los precios y prestan un servicio deficiente a los clientes, todo lo cual conduce al despilfarro y a unos costes de explotación muy elevados[71]. Tienen enormes dificultades para acceder al crédito bancario, porque no tienen garantías, suelen ser víctimas de robos (el comercio sólo se realiza con dinero en efectivo), suelen pertenecer a nuevas etnias de inmigrantes (etíopes, sirios, somalíes, pakistaníes, bengalíes[72]) y, por lo tanto, son objeto de oposición o maltrato[73]. Una vida muy dura.
La competencia es un aspecto crucial que ha remodelado la red de spaza en los últimos años. Son los inmigrantes extranjeros los que han hecho la vida más difícil a los comerciantes locales. Primero fueron los somalíes, luego una oleada de emigrantes, sobre todo de Bangladesh, se impuso a los despistados empresarios locales[74]. Se les considera una amenaza para la economía y a menudo son objeto de ataques xenófobos, alimentados por la propaganda política[75]. Muchos se ven obligados a convertir sus spazas en búnkeres con cristales a prueba de balas y mallas metálicas de protección[76].
Especialmente en los meses de la pandemia, ha surgido un número creciente de emprendedores formados que abren estos negocios por elección, con tiendas reales y eficientes, que emplean a personas, que tienen altos volúmenes de negocio, que llegan a acuerdos con los mayoristas y que consiguen dar un servicio mucho mejor que el de las spazas tradicionales, que ahora están en riesgo de extinción debido a la feroz competencia[77].
Una cosa no cambia: el mundo que rodea a la spaza está lleno de ilegalidad, casi nadie paga impuestos ni tiene licencia legal[78], los empleados trabajan hasta 16 horas al día, 7 días a la semana[79], sin contrato, y los empleadores les retienen su ya escasa paga (la media es de 400 Rand, o 27,2 dólares al mes), les obligan a dormir en la tienda[80], y nadie dice nada, porque estos inmigrantes son despreciados por todos e ignorados por el Estado[81].
La economía informal de los Balnearios aporta más del 5,2% del PIB y emplea a más de 2,6 millones de personas; según una investigación de Mastercard, hay más de 1,5 millones de negocios informales en el circuito, que generan un volumen de negocio de unos 75.000 millones de rands al año[82]. Y ello a pesar de que los incentivos empresariales y las medidas extraordinarias del gobierno para los costes de la pandemia han desairado literalmente a la red de spaza[83].
La prohibición cuesta
La prohibición trasladó el mercado del tabaco y el alcohol de la red legal a la ilegal[84]
El impacto de la prohibición en la economía nacional ha sido considerable. En septiembre de 2020, el comisario Edward Kieswetter, del Servicio de Recaudación de Impuestos de Sudáfrica (SARS), declaró que, debido a la Ley Nacional de Gestión de Desastres, un gran número de actores del sector se había volcado en el mercado negro, y que se tardarían años en volver a la normalidad[85]. El propio Kieswetter también denunció el elevado coste que supone para el erario público la pérdida de ingresos por la prohibición: los impuestos sobre el trabajo se redujeron en 14.500 millones de rands (930 millones de dólares), mientras que el impuesto de sociedades cayó en 16.000 millones de rands (1.030 millones de dólares)[86].
Los impuestos sobre el alcohol y el tabaco se redujeron en 10.000 millones de rands, las pérdidas por IVA son de 14.500 millones de rands y los derechos de aduana se reducen en 16.700 millones de rands[87]. Si luego añadimos los impuestos sobre las rentas individuales de los empleados de esas empresas y otros impuestos sobre el trabajo, que se calculan en unos 15.000 millones de rands, los cálculos de Kieswetter alcanzan la aterradora cifra de 5.000 millones de dólares al año[88], es decir, el 1,6% del producto interior bruto[89] y el 5,8% de los ingresos fiscales sudafricanos[90]: una auténtica debacle para una economía ya muy probada tras décadas de desgobierno y el golpe mortal infligido por la pandemia.
También hay costes difíciles de estimar, como los costes sociales provocados por la pérdida de puestos de trabajo de miles de empleados del sector de las empresas de distribución comercial extranjeras que han dejado de hacer entregas, o de las empresas locales obligadas a cerrar[91]. Por no hablar del daño al tejido social que supone alimentar el mercado ilegal, que se ha apoderado de zonas muy difíciles de recuperar: antes del cierre, el contrabando ocupaba entre el 25 y el 28% del mercado global, ahora ha llegado al 100%[92].
El contrabando de cigarrillos es muy rentable: producir un paquete de 20 cigarrillos cuesta 2 rands y en el mercado negro se puede revender (libre de impuestos) hasta por 25 rands, un margen de beneficio muy alto[93]. Una investigación del grupo anticorrupción Tax Justice SA (TJSA) revela que dos de cada tres cigarrillos que se venden en Sudáfrica son de contrabando, lo que lo convierte en el mayor mercado negro de tabaco del mundo[94]. Un investigador de la TJSA visitó 43 puntos de venta en Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Pretoria y Durban y en todos ellos, excepto en uno, era posible comprar cigarrillos por 20 rands[95], un precio que revela que se trata de cigarrillos de contrabando, ya que un paquete legal, sólo entre el impuesto especial y el IVA, cuesta 20 rands, por lo que un paquete de Marlboros, en el mercado legal, se vende por 46 rands[96].
La Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (Hawks) estima que entre abril de 2017 y marzo de 2018, alrededor del 80% de los cigarrillos ilegales eran productos nacionales, y el resto procedía principalmente de Zimbabue[97] y Mozambique[98]. Según la South Africa Tobacco Transformation Alliance (SATT), Zimbabue, que dice exportar tabaco a Sudáfrica, utiliza intermediarios sudafricanos para exportar tabaco a otros lugares, por ejemplo a China: el intermediario recibe el pago de los chinos, se queda con su porcentaje y paga el resto al fabricante[99]. Hasta el 99,5% del tabaco exportado a China desde Zimbabue entre 2014-18 fue declarado como exportado a Sudáfrica[100].
Quioscos que venden cigarrillos sudafricanos incluso en Pakistán[101]
La marca de contrabando más vendida fuera de Sudáfrica es Pacific Cigarettes, producida por Savanna Tobacco[102], propiedad de Adam Molai[103], yerno del ex presidente de Zimbabue Robert Mugabe[104]. El otro gigante del mercado negro es la Gold Leaf Tobacco Company que, según la TJSA, sólo con su marca RG cubre un mercado de 10,7 millones de rands al día, lo que la sitúa entre las seis primeras marcas ilegales[105] y que, según el Tobacco Institute of Southern Africa, representa el 75% de todo el comercio nacional de cigarrillos ilícitos[106].
Los cigarrillos entran en Sudáfrica a través de dos rutas: una utiliza a los pequeños traficantes llamados «corredores», que llevan bolsas de cigarrillos recibidas de los traficantes cerca de la frontera, cruzan la frontera a través de la maleza y remontan el río Limpopo en medio de la noche – hay al menos 200 puntos de entrada a lo largo de la frontera que pueden ser explotados[107]. Los soldados que custodian estos cruces a ambos lados de la frontera están pagados para no mirar[108]. Los «corredores» se reúnen entonces con los compradores que conducen sus camiones por carreteras secundarias para evitar posibles controles.
La otra forma es utilizar los pasos fronterizos oficiales. Los cigarrillos solían esconderse en los petroleros que exportaban gasolina importada de Sudáfrica y que, una vez descargado el combustible, volvían a Sudáfrica con una carga de tabaco, pero el uso de escáneres y el aumento de los controles en los últimos tiempos han hecho que esta práctica sea cada vez más arriesgada[109]. Ahora se utilizan autobuses con compartimentos ocultos, o coches particulares, que no suelen ser controlados, pero la pequeña cantidad que pueden transportar en comparación con los elevados riesgos que conllevan desaconseja su uso[110].
Por qué a la política le gusta el contrabando
El SARS destruye toneladas de tabaco desviado del mercado ilícito[111]
Aunque Sudáfrica es signataria del Protocolo FTCT de la OMS (2013) para eliminar el comercio ilícito de tabaco[112], el gobierno nunca ha mostrado mucha voluntad ni eficacia: los ríos de dinero que produce el mercado negro esconden también una densa red de corrupción, blanqueo de dinero y connivencia política[113]. En noviembre de 2013, el SARS anunció que procesaría a 15 fabricantes e importadores por evasión fiscal (equivalente a 12.000 millones de rands, o 1.000 millones de dólares[114]) y comercio ilícito, entre ellos la multinacional British American Tobacco (BAT), que además controla el 74% del mercado oficial, según el último informe de Euromonitor (2016)[115]. Dieciocho meses después de que se anunciara la investigación, el jefe del SRAG y otros 55 funcionarios fueron destituidos y se detuvo el procedimiento iniciado contra los fabricantes[116].
El mercado negro es un socio clave para los productores de tabaco: es una coartada conveniente para exigir impuestos especiales más bajos. BAT, al igual que otras empresas tabaqueras, está acusada de difundir cifras de contrabando infladas[117]. Una investigación conjunta de la BBC y la Universidad de Bath[118] revela que BAT gastó supuestamente unos 50 millones de rands al año en el funcionamiento de una red de inteligencia privada, aparentemente para combatir el comercio ilícito, pero en realidad para espiar a sus competidores y obstaculizarlos comercialmente[119].
La investigación descubre una amplia red de corrupción en la que están implicados representantes de la Agencia de Seguridad del Estado, la policía sudafricana y el poder judicial[120]. En 2013, BAT presuntamente pagó sobornos de entre 300.000 y 500.000 dólares al dictador zimbabuense Robert Mugabe[121]. En 2017, BAT se vio abrumada por una investigación de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO)[122]. Tras las revelaciones de un reportaje de la BBC de que la empresa había pagado sobornos a funcionarios de Ruanda, Burundi y las Islas Comoras, la OFS abrió una investigación penal[123], pero, poco después, los magistrados encargados abandonaron el caso por falta de pruebas[124].
Carnilinx (Pty) Ltd, una de las principales empresas en el punto de mira de la red de espionaje creada por BAT, es un productor de cigarrillos de bajo coste como Premium, JFK y Atlantic[125]. Se acusa a la empresa de apoyar el mercado ilegal por el bajo precio de venta de sus cigarrillos, muy por debajo del tipo impositivo mínimo: la única explicación lógica es que Carnilinx evade impuestos[126].
Su director, el italiano Adriano Mazzotti, lleva años en el centro de una serie de investigaciones penales caracterizadas por la connivencia con los políticos[127]. Su red de poderosas conexiones se pone de manifiesto en numerosos hechos: en 2014, financió con 200.000 rands al EFF (Economic Freedom Fighters), cuyo líder, Julius Malema, es amigo personal de Mazzotti)[128]. Malema está en el centro de las acusaciones de fraude y corrupción[129], y luego de blanqueo de dinero[130] y evasión fiscal[131]. En una declaración jurada, Mazzotti admite haber entregado 820.000 rupias en efectivo (unos 11.000 dólares) a un destacado abogado de Johannesburgo, para que las utilizara para sobornar al ex jefe del SARS, Johann van Loggerenberg, y al ex comisario en funciones, Ivan Pillay[132].
Nkosazana Dlamini-Zuma (esposa del ex presidente Jacob Zuma) con Adriano Mazzotti y Mohammadh Sayed, director de operaciones de Carnilinx Tobacco Company[133]
En 2015, el Sunday Times descubrió un pago de un millón de rands realizado por el director de Carnilinx, Kyle Phillips, a Malema «para ayudarle a pagar sus impuestos»[134]. Mientras tanto, el líder de la EFF vive en una finca en Hyde Park, Johannesburgo, propiedad del propio Mazzotti: una fortaleza con un muro de cuatro metros de altura, cámaras y guardias de vigilancia[135].
En 2015, el propio SARS fue arrastrado al banquillo de los acusados por tener una «célula» en su seno que emite favores (pagados) a la industria del tabaco[136]. En 2002, Martin Wingate-Pearse, gerente y accionista de Carnilinx, fue acusado de evasión fiscal por un importe de 41,7 millones de rands, que posteriormente se redujo a 9 millones de rands tras un recurso: durante el juicio, Wingate-Pearse acusó al SARS de tener una unidad interna, la HRIU (High Risk Investigations Unit), que abusaba de su poder[137].
El Protector Público, Mkhwebane Busisiwe, se refiere a la misma unidad como «ilegal y abusiva»[138]. El antiguo comisario del SARS, Oupa Magashula, mintió supuestamente bajo juramento, negando la existencia de esta célula[139]. La célula sólo tiene un propósito: operar ilegalmente con impunidad. La publicación de su informe le costó a Busisiwe una feroz campaña mediática y la desestimación de los cargos contra el SARS, que el Tribunal Superior de Pretoria consideró infundados[140].
En 2017, el Sunday Times reveló la estrecha relación entre la ex esposa del presidente Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma, y Adriano Mazzotti[141]. El empresario habría financiado su candidatura[142] y posteriormente la celebración del 106º aniversario del CNA con 250.000 rands[143], y ello a pesar de que Dlamini-Zuma conocía la mala reputación de Mazzotti: muchas de las controvertidas decisiones del dirigente en relación con los bloqueos de la venta de tabaco, como revela el periodista Jaques Pauw en su libro «The President’s Keepers»[144]. puede considerarse directamente influenciada por su amistad con Mazzotti[145]. El 18 de febrero de 2019, el SARS obtuvo una orden de incautación contra Mazzotti por 33.955.228,22 rands: el hombre está acusado de contrabando de cigarrillos y falsificación de documentos, y de evadir al fisco por 71,9 millones de rands[146]. El procedimiento sigue en curso.
¿Qué futuro
Julio de 2021: Turbas enloquecidas asolan la ciudad de Durban durante quince días. Los enfrentamientos con la policía y los robos dejan más de 300 muertos[147]
Los meses de prohibición enriquecieron no sólo a los contrabandistas, sino también, y sobre todo, al crimen organizado y a sus representantes políticos, como el ex presidente Jacob Zuma. En la primera semana de julio de 2021, el presidente Ramaphosa presentó una moción para expulsar a Zuma del CNA, pero no obtuvo la mayoría necesaria[148]. En los meses siguientes el partido perdió votos en todas las elecciones locales, y el 3 de noviembre Zuma, recién salido de la cárcel, lanzó su campaña oficial para recuperar el poder[149].
El país está en llamas, la economía desordenada, el tejido social desgarrado por la pobreza, el desempleo, la desigualdad y un clima xenófobo que recuerda a los tiempos del apartheid, y la política tendría la ardua tarea de demoler un sistema corrupto que impregna el Estado a todos los niveles. Cuando Ramaphosa llegó a la presidencia en 2018, prometió cosas que no cumplió. Decir que Zuma ha sido una catástrofe es cierto, pero no es suficiente, hay que tener una visión positiva y la fuerza para cumplirla. Pero el CNA está aún más desgarrado por las rencillas personales que cuando Nelson Mandela, con su carisma, consiguió ser el mínimo común denominador de una nueva esperanza.
Madiba ya no existe. El CNA, tras una reciente remodelación que cambia mucho en el plano personal pero nada en el plano de la acción política, ha perdido el contacto con una población desesperada y furiosa, dispuesta más que nunca a reaccionar con violencia y a creer en los halagos del crimen organizado, que hoy, sobre todo en KwaZulu-Natal, sustituye al Estado. Cyril Ramphosa puede estar ya en el final de su aventura política, y las cifras y los hechos de su país le demuestran que está equivocado. Así, Sudáfrica, hasta ahora la mayor democracia del continente, está al borde de una trágica guerra civil. Los meses de prohibición han creado una serie de gángsters como Al Capone en el Chicago de los años 30.
[1] https://www.nelsonmandela.org/content/page/biography
[2] https://www.ceicdata.com/en/indicator/south-africa/gross-national-product
[3] https://www.bbc.com/news/world-africa-57797007
[4] https://www.theweek.co.uk/news/world-news/africa/952951/jacob-zuma-corruption-fraud-trial
[5] https://globalriskinsights.com/2021/10/south-africa-political-unrest-in-a-vulnerable-economy/
[6] https://formiche.net/2021/07/sudafrica-apartheid-rovesciata/
[7] https://www.aljazeera.com/opinions/2021/7/20/the-insurrection-in-south-africa-is-about-more-than-freeing-zuma/
[8] https://www.bbc.com/news/world-africa-57996373
[9] https://www.statista.com/statistics/1127838/national-poverty-line-in-south-africa/
[10] https://www.news24.com/fin24/economy/sas-unemployment-rate-hits-record-344-20210824
[11] https://www.politicsweb.co.za/documents/the-ret-manifesto
[12] https://www.timeslive.co.za/politics/2021-08-01-anc-should-consider-changing-its-now-dirty-vulgarised-ret-conference-resolution-nzimande/
[13] https://www.news24.com/citypress/news/pillars-of-misinformation-a-closer-look-at-the-ret-network-20210514
[14] https://www.bbc.com/news/world-africa-57860998
[15] https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-16-as-its-plans-fall-apart-the-ret-faction-takes-to-gospel-tv-to-plead-for-clemency-for-zuma/
[16] https://www.timeslive.co.za/sunday-times-daily/politics/2021-07-15-whatsapp-group-links-anc-members-to-looting-chaos/
[17] https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-14-under-investigation-twelve-masterminds-planned-and-executed-insurrection-on-social-media-then-lost-control-after-looting-spree/
[18] https://www.bbc.com/news/world-africa-57860998
[19] https://gh.bmj.com/content/6/2/e004393
[20] https://www.nature.com/articles/s41598-021-84487-0
[21] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02589346.2021.1917205
[22] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02589346.2021.1917205
[23] https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-africa/
[24] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250269#
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[26] https://www.bbc.com/news/world-africa-52047374
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[29] https://movendi.ngo/news/2020/07/02/south-africa-alcohol-sales-ban-success-shows-potential-policy-action/
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[31] https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-018-1080-0
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[33] http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/view/13345
[34] https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-07-05-hello-my-name-is-south-africa-we-have-a-collective-drinking-problem-alcohol-bans-had-more-impact-than-curfews-study-finds/
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[51] https://www.france24.com/en/africa/20210628-south-africa-tightens-covid-19-restrictions-for-a-fortnight
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